¿Te imaginás pagar todos los días para entrar o salir de tu ciudad?

El gobierno de Alfredo Cornejo acaba de oficializar lo que se venía gestando en silencio: el cobro de peajes en rutas nacionales que pasarán a estar "transitoriamente" bajo la órbita provincial. Lo que parece una solución de gestión vial moderna, esconde en realidad un grave desvío institucional, una violación de competencias, y un nuevo ataque al bolsillo de los consumidores.

Porque no solo se usará dinero público que tenía otro destino, sino que además se lo cobrará dos veces a los usuarios, en nombre de una infraestructura que debió haber sido financiada por el Estado Nacional.

¿Qué se va a hacer y quién debería hacerlo?

El plan provincial contempla invertir 200 millones de dólares en tramos clave de las Rutas Nacionales 7, 40 y 143. Sí, rutas nacionales.

La trampa empieza ahí: la competencia, por ley, es del Estado Nacional, tal como establecen la Ley de Tránsito N.º 24.449, la Constitución Nacional y la Ley de Obras Públicas N.º 13.064. El trazado, conservación y mejora de las rutas nacionales es una obligación federal indelegable. Las provincias no tienen deber legal alguno de asumir esos costos, y mucho menos de instaurar peajes sobre rutas que no les pertenecen.

Sin embargo, la Nación "cedió" esos tramos por 36 meses, sin aportar fondos ni proyecto alguno. Y Mendoza, en vez de exigir lo que corresponde, aceptó hacer las obras con dinero propio y luego trasladar el costo al usuario.

El Estado pone la obra, el ciudadano pone el pago. Nada nuevo.

Peor aún: mientras la gestión de Cornejo destina miles de millones para obras en rutas nacionales del Gran Mendoza -las rutas provinciales y puentes del interior están abandonados, rotos, sin señalización ni mantenimiento- exponiendo a miles de usuarios al peligro cotidiano. Si hay fondos disponibles, ¿no debería la prioridad estar puesta en las competencias que sí le corresponden por ley?

El principio básico: la obra la paga la Nación

Nadie discute que las rutas deben mejorarse. El problema es con qué fondos. Las rutas nacionales deben ser financiadas por el Estado Nacional. El uso de recursos provinciales, especialmente fondos como el FIP (ex Portezuelo), para cubrir obras que no son responsabilidad provincial, representa un abuso institucional y una pérdida de recursos que deberían destinarse a obras hídricas, energéticas o de conexión rural.

En caso de urgencia o necesidad, la Provincia puede y debe intervenir, pero no para montar un negocio con peajes, sino para solicitar al Estado Nacional la devolución de los fondos invertidos.

El financiamiento no debe convertirse en excusa para instaurar un sistema de cobro permanente sobre los usuarios.

El peaje como negocio encubierto

El cobro de peajes en zonas de alto tránsito es un negocio multimillonario. Pero los ciudadanos ya han pagado por esas rutas, y lo siguen haciendo cada vez que cargan combustible: parte del precio está destinado al mantenimiento vial.

Ahora, además de eso, deberán pagar al menos $1.000 cada vez que entren o salgan de la ciudad de Mendoza. En muchos casos, ese monto es inasumible para familias trabajadoras, estudiantes o jubilados. El "peaje inteligente" se convierte así en una barrera económica, una especie de aduana interna en su propia provincia.

Para agravar la situación, el gobierno de Cornejo pretende implementar estos peajes -sin haber construido colectoras- que garanticen una vía alternativa gratuita, como exigen los estándares legales y de accesibilidad básica. Y en lugar de asumir esa responsabilidad busca trasladar la obligación de construirlas a los municipios, sin presupuesto ni herramientas para hacerlo. Una carga imposible, que vuelve al peaje un cerrojo territorial: pagás o no circulás.

Del Portezuelo al negocio vial

¿De dónde sale el dinero para esta supuesta inversión vial?

Del Fondo de Infraestructura Provincial (FIP), ex Fondo Portezuelo del Viento. Un fondo creado como compensación por los perjuicios de la Promoción Industrial, con destino prioritario a obras estratégicas de agua y energía, como una central hidroeléctrica, redes de distribución, o proyectos de sustentabilidad hídrica.

Hoy, ese fondo se desvía para financiar repavimentaciones en rutas nacionales. Y después, para justificar el cobro de un peaje a los mismos ciudadanos que ya financiaron la obra con sus impuestos.

Es un modelo de inversión pública sin retorno, y de recaudación al revés: el Estado se endeuda consigo mismo, pero el consumidor paga dos veces.

Ni siquiera en los años de mayor privatización se vio algo así. En los ‘90, al menos, las concesionarias ponían el capital. Acá no hay inversión privada, no hay riesgo empresario, no hay competencia. Solo hay cobro.

Cuando el Estado invierte… y después no puede cobrar

Ya sabemos cómo termina este tipo de ingeniería financiera: el Estado pone plata, pero después la política no permite recuperar un peso.

Mendoza tiene una larga historia de obras que no se repagan por "razones sociales" o por miedo a la protesta:

Las  casas del IPV: se financiaron con fondos públicos y se vendieron con cuotas congeladas. Hoy hay familias que pagan $5.000 o $10.000 mensuales por viviendas valuadas en millones, lo que hace imposible recuperar la inversión inicial.

El sistema MendoTran: el boleto cuesta menos de un tercio de su valor real. Más del 87% se cubre con subsidios estatales, que ya superan los 200 mil millones de pesos al año. Las empresas recaudan, pero no invierten ni compiten.

El túnel de Cacheuta: se habilitó el cobro de peaje para amortizar la obra. Pero se suspendió por presión social. Resultado: el peaje desapareció, pero la deuda quedó. Lo pagaron todos los mendocinos, sin uso, sin consulta, sin compensación.

Ahora, con las rutas nacionales, la gestión de Cornejo repite el mismo esquema: asume el gasto, cobra al ciudadano, y se expone a que por cualquier vaivén político o electoral el peaje se anule... y la inversión quede sin recuperar.

Desde el derecho del consumidor: el nuevo abuso del Estado recaudador

Es cierto: si el Estado realiza una inversión genuina en infraestructura, tiene derecho a recuperar lo invertido. Pero eso no lo habilita a crear mecanismos eternos, incontrolables y sin transparencia, menos aún cuando esa inversión fue financiada por fondos públicos ya existentes.

El problema no es el peaje en sí, sino su mutación en un tributo sin retorno, sin fecha de finalización, sin correlato con la obra, y sin control sobre su destino.

En Mendoza, ya conocemos cómo empieza esta historia: se argumenta que es "sólo para recuperar lo invertido"... pero con el tiempo el sistema se convierte en una fuente fija de recaudación, como ya ha ocurrido con otros peajes en el país. Una vez implementado, el costo sube, los usuarios aumentan, y el sistema se perpetúa. Nadie garantiza que, una vez amortizada la obra, se elimine el cobro.

Y entonces el peaje deja de ser una herramienta de financiamiento para convertirse en un impuesto vial indirecto, sin ley, sin debate legislativo, y sin tope. El usuario paga por siempre, incluso cuando la inversión ya fue devuelta diez veces.

El riesgo es aún mayor en el modelo "free flow": no hay contacto humano, no hay boleto, no hay defensa posible, y el Estado se convierte en emisor, juez y recaudador al mismo tiempo.

Ya ha pasado: en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las defensorías del pueblo han advertido sobre la imposibilidad de defenderse ante errores del sistema TelePASE, multas mal aplicadas o cobros sin notificación.

¿Y en Mendoza? ¿Quién va a controlar al Estado cuando sea el que factura, recauda, terceriza el sistema y gestiona los fondos?

Porque si ya usamos fondos energéticos para financiar la obra, ¿cuál es la justificación para seguir cobrando a perpetuidad?

Y si todo esto se hace sin contrato, sin consulta, sin garantía de cancelación del cobro cuando se amortice la inversión, estamos frente a un nuevo modelo de abuso estatal legalizado.

El ciudadano no es cliente, ni contratista. Es rehén.