Sergio Marinelli defiende la autorización de pozos de agua
El superintendente del Departamento General de Irrigación afirma que no hubo irregularidades y dijo que está cumpliendo un fallo de la Corte.
A raíz de los cuestionamientos y sospechas que se generaron en torno a la autorización de realizar 9 perforaciones de agua en una zona restringida, el superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, afirmó que no existe ninguna arbitrariedad y justificó su decisión.
En concreto, Marinelli afirma que las empresas Cresud, Chimpay, Grappolo y García Mateo no obtuvieron privilegios ni actuaron fuera de la ley. "Iniciaron sus procesos conforme a derecho en tiempo y forma", remarcó.
En distintos medios Marinelli argumentó que en diciembre de 2019, Cresud S.A. y luego otras personas físicas y jurídicas solicitaron permisos. Éstas solicitudes no se tuvieron en cuenta, por cuanto estaban fuera del proceso iniciado en 2017. Entonces Cresud S.A. recurrió a la Suprema Corte, que observó que el Departamento General de Irrigación demoró injustificadamente el trámite y paralizó las solicitudes sin analizar sustancialmente la disponibilidad de agua, consistiendo eso en un error administrativo.
"Lo que estamos haciendo, a partir de que están en la lista por ese fallo de la Corte y de que quedó un remanente de agua de ese informe que estaba avalado por el INA y por el IHLLA y con un nuevo informe del área técnica, se generan las condiciones para habilitar estos permisos bajo determinados condicionamientos", afirmó Marinelli.
Respecto al cambio de criterio entre la Resolución 1108 del 2024 que prohíbe nuevas perforaciones y la resolución 125 de febrero del 2025 que autoriza 9 pozos de agua, el funcionario afirmó que "se apoya en informes técnicos el Departamento de Planificación y de Aguas Subterráneas, que constatan la existencia de volúmenes remanentes disponibles sin afectar el equilibrio del acuífero ni perjudicar a terceros".
"La resolución 125 se apoya en procedimientos preexistentes y legítimos. No crea un nuevo régimen sino que aplica el marco ya establecido por la resolución 898/17 que establece condiciones y procedimientos claros, públicos reglados para tramitar permisos. Se limita a reconocer el cumplimiento de esos requisitos", aseguró el funcionario.