Qué dice la “Ley Katy Perry”, que se creó luego de que la cantante desalojara a un abuelo 

El proyecto de ley propone un "período de reflexión" de 72 horas para que las personas mayores de 75 años puedan rescindir contratos firmados sin ninguna penalización. 

Qué dice la “Ley Katy Perry”, que se creó luego de que la cantante desalojara a un abuelo
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La Ley Perry, formalmente conocida como la "Protecting Elder Realty for Retirement Years Act", es una propuesta legislativa que busca otorgar a los adultos mayores un período de gracia para retractarse de la compra o venta de propiedades. Esta iniciativa surgió a raíz de un caso mediático que involucró a un veterano de 85 años y la cantante Katy Perry.

La búsqueda de esta ley comenzó en 2023 por un grupo de legisladores estadounidenses con el objetivo de prevenir abusos financieros en las transacciones inmobiliarias que involucran a personas de la tercera edad.

Aunque esta propuesta californiana aún no ha sido debatida formalmente en el Congreso, recientemente volvió a circular información al respecto debido a una noticia falsa que indicaba su promulgación.

El proyecto de ley propone un "período de reflexión" de 72 horas para que las personas mayores de 75 años puedan rescindir contratos firmados sin ninguna penalización. Se hace especial énfasis en la protección de individuos con condiciones médicas preexistentes.

El caso más relevante que impulsó esta propuesta fue el de Carl Westcott, un veterano de 85 años que vendió su mansión de US$15 millones en Montecito, California, a Katy Perry por US$11.25 millones. Días después de la venta, Westcott intentó cancelar el trato, alegando que firmó bajo los efectos de analgésicos debido a una cirugía reciente. Su representante legal declaró en la denuncia de 2020 que "la combinación de su edad, la fragilidad de su espalda y una cirugía reciente, y los opiáceos que tomaba varias veces al día hicieron que el Sr. Westcott estuviera mentalmente enfermo."

Por su parte, los representantes de Katy Perry, en lugar de rescindir el acuerdo, le advirtieron a Westcott que debía abandonar la propiedad o sería desalojado.

En noviembre de 2023, y tras años de disputa legal, el juez Joseph Lipner validó la compra de la vivienda. El magistrado dictaminó que no encontró "ninguna prueba creíble" de que Westcott no estuviera en condiciones de cerrar el trato, señalando que "Westcott firmó otros contratos poco antes y después del contrato en cuestión. Westcott no ha intentado rescindir ninguno de estos contratos por falta de capacidad."


 

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