Piden el jury contra Marinelli por la autorización de pozos de agua

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti le pidió a los legisladores de su espacio que lo denuncien y reclamen "su remoción inmediata". Entre el viernes y el lunes presentarán formalmente el pedido de Jury de Enjuiciamiento.

POLITICA

Tal como anticipó El Medio, legisladores de la oposición presentarán en las próximas horas el pedido de Jury de Enjuiciamiento contra el superintendente del Departamento General de Irrigación. Así lo expresó la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien temprano anticipó que le ha pedido a los legisladores de su espacio que reclamen la "remoción inmediata" de Sergio Marinelli por haber otorgado permisos para realizar 9 pozos de agua en una zona restringida.

"Lo que está ocurriendo con la administración del agua en Mendoza es inadmisible. El titular de Irrigación, Sergio Marinelli, no solo ha cometido graves errores de gestión, sino que incurre en incumplimientos flagrantes de su función pública que deben ser investigados", aseveró la legisladora nacional y remarcó que el rol de Marinelli es garantizar el agua para los mendocinos y "no malgastarla ni favorecer negocios para unos vivos".

"He instruido a nuestros legisladores -y convoco a quienes quieran defender esta causa- a denunciarlo ante el Jury de Enjuiciamiento y reclamar su remoción inmediata", adhirió.

El escándalo se destapó el pasado domingo cuando El Medio dio a conocer que en el mes de febrero Irrigación autorizó 9 perforaciones en una área restringida. Cuatro empresarios fueron beneficiados con esa decisión polémica firmada por el superintendente Sergio Marinelli. Según el abogado Miguel Mathus Escorihuela lo de Marinelli fue "un error inaceptable" que no solo va contra resoluciones anteriores de Irrigación sino también contra el Código de Aguas que el propio Marinelli impulsa.

La Resolución 125 de Irrigación benefició a la firma Cresud SAFIC y A, propiedad del empresario mileista Eduardo Elsztain con 5 pozos, a Chimpay La Rioja S.A de Young Woo con 2 pozos y a García Mateo Pedro y Grappolo S.A. de Walter Bressia con un pozo para cada uno. 

El miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto para citar a Marinelli a dar explicaciones en la Legislatura. A pesar de que el próximo martes el superintendente se comprometió a dar respuestas ante la comisión de Ambiente, legisladores del peronismo entienden que ya hay elementos suficientes para avanzar con el pedido de Jury de Enjuiciamiento.

Así lo confirmó a El Medio el senador provincial Félix González. "Estuvimos trabajando con Anabel  (Fernández Sagasti) y después de analizar la información con el equipo que tenemos para seguir temas productivos y de agua en base a la investigación que ustedes hicieron ella nos pidió avanzar con el pedido de Jury. Porque la verdad es que la decisión política de Marinelli de abrir la puerta para otorgar permisos de pozos en esa zona -que ya sabemos todos la conflictividad que ha tenido- no tiene ningún sustento técnico. Se  tomó contradiciendo todas las decisiones técnicas que había tomado la DGI en todo este tiempo, entonces nos parece que el mejor camino es hacer la denuncia", señaló el legislador provincial.

"Lo que vemos es que hubo una línea sostenida en el tiempo de cómo manejar el tema de las restricciones que tenía el acuífero y eso de un día para el otro lo dan vuelta. Entonces, toman la decisión política por los motivos que sean, de darle a este grupo de empresas los permisos y para eso desandan todo el camino que se había planteado en relación con las restricciones y que estaba sustentado en informes técnicos que lo avalaban", adhirió.

En concreto, el senador del PJ afirmó que el Jury de Enjuiciamiento es el ámbito adecuado para que Marinelli de las explicaciones técnicas que justifiquen su decisión. "Queremos que se discuta ahí, seriamente, qué es lo que pasó. Porque si no, después Marinelli anda por los medios, da explicaciones, pide venir a la legislatura para terminar tomando café acá con los legisladores y que se vaya en una charla que no conduce a nada. Ahí es donde hay que discutir. Si es como nosotros creemos, que él manifiestamente comete una arbitrariedad y que por lo tanto ha incumplido los deberes funcionales públicos, le corresponden sanciones. Y hay que aplicárselas, porque aparte hay que mostrar que no es gratis tomar este tipo de decisiones", finalizó.

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