Pescara: Fiscalía pide que el Ejecutivo coordine competencias

Fiscalía de Estado, le solicitó al Gobierno de Mendoza que “existiendo una diversidad competencial compleja en torno al presente caso, y en consonancia con las previsiones de la Ley 9589 y la práctica implementada en casos análogos previos, corresponder al Poder Ejecutivo provincial a través de su área pertinente instrumentar una coordinación institucional de entes centralizados y desconcentrados con competencias conexas en materias como Agua, Servicios Públicos, Infraestructura, Seguridad, Ambiente y Salud”, así lo indica el punto 5 de las conclusiones y recomendaciones que realizó Fiscalía de Estado en su dictamen sobre el Pescara en Corralitos.

Recordemos que se produjo en Corralitos, el colapso de un colector cloacal cuya agua fue desviada al canal Pescara y afectó a más de 500 hectáreas, las que según el Superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, dijo que no fueron contaminadas cuando asistió esta semana a la Cámara de Diputados para dar explicaciones del tema.

Con relación a la decisión del Departamento General de Irrigación, de autorizar a Aysam el vertido transitorio sobre el Pescara tras el colapso de un colector cloacal, Fiscalía de Estado consideró que "desde una perspectiva sustancial, se considera que no resultan objetables a los fines del art. 24 de la Ley 5961 las resoluciones del Departamento General de Irrigación que –ante el colapso de un colector cloacal y dentro de su discrecionalidad técnica- otorgan un permiso de vertido transitorio para que AYSAM –luego de un tratamiento de cloración/dilución y solo en la porción que no puedan ser objeto de bypass hacia el mismo colector- vuelque efluentes al canal Pescara. Esta consideración es en mérito a que dicha medida cumplimenta las exigencias de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que las hace razonable frente a otra alternativa de mayor riesgo sanitario y ambiental (como es que los efluentes cloacales corran por la vía pública)”.

La repartición además señaló que “desde una perspectiva formal, la falta de habilitación legal para que el DGI adopte por sí medidas de emergencia que impliquen un estado de excepción en materia de vertidos hace que lo actuado deba ser objeto de análisis y resolución por la autoridad competente según la Ley 3796, pudiendo la misma sanear lo actuado si comparte las medidas, o disponer lo que estime corresponder en su defecto. Esta autoridad resultará propia de ámbito provincial o municipal según la extensión territorial de la situación de emergencia, pudiendo ambas autoridades coordinar sus funciones en el ámbito previsto para ello por la misma Ley 9589. Siendo las resoluciones observadas originarias del Departamento General de Irrigación, es opinión de esta Dirección que corresponde al mismo instar los actos útiles para instrumentar el procedimiento de saneamiento sugerido”.

Por otra parte y con relación a la comuna de Guaymallén, del dictamen indica que: “En atención a las potestades municipales sobre salubridad y productos alimenticios, deberá requerirse a la autoridad de cauce que –acorde a la reglamentación vigente- comunique al municipio los cultivos que resulten irrigados con aguas de origen cloacal, a fin de que el mismo ejerza su competencia sobre el contralor de la salubridad pública vinculada a los mismos”,.

También indicó que “mientras dure la situación de emergencia deberá suspenderse el suministro a propiedades alcanzadas por la prohibición prevista en la Resolución 400/03 HTA. Correspondiendo al Departamento General de Irrigación el contralor previsto en el art. 23 Ley 6405, resulta responsabilidad del mismo instar y controlar las previsiones de la Resolución 400/03 HTA que debe implementar la Inspección de Cauce que distribuye el agua entre los regantes”.