Perú prorroga el estado de emergencia para combatir la criminalidad
Durante el “régimen de excepción” se aplicará la restricción o suspensión de los derechos vinculados a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito o reunión y seguridad personal.
El Gobierno de Perú prorrogó por un lapso de 30 días el “estado de emergencia” aplicado desde octubre pasado en la ciudad de Lima, la capital del país, así como en la vecina provincia del Callao, con el fin de reforzar las acciones contra la criminalidad y otras formas de violencia que afectan el orden interno, difundió hoy jueves el diario oficial El Peruano.
La decisión está contenida en un Decreto Supremo y establece que la medida regirá desde mañana viernes 21 de noviembre en todo el ámbito de la capital y el Callao, donde la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.
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La prórroga permitirá a la PNP determinar zonas de intervención en función de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, entre otros instrumentos técnicos empleados para enfrentar delitos de alto impacto.
Durante el “régimen de excepción” se aplicará lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución peruana, que comprende la restricción o suspensión de los derechos vinculados a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito o reunión y seguridad personal.
Las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo deberán solicitar autorización previa de las autoridades competentes, conforme al Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, mientras que los eventos no masivos podrán realizarse sin permiso previo.
La actuación conjunta de la Policía y de las Fuerzas Armadas deberá observar lo dispuesto en el protocolo de articulación para intervenciones policiales, en contextos de detención y retención de personas en condición de vulnerabilidad.
La Comandancia General de la PNP recomendó extender el “estado de emergencia” debido a la persistente perturbación del orden interno, asociada al incremento de delitos como homicidio, sicariato, extorsión y otras modalidades de violencia en las jurisdicciones mencionadas.