Los privilegios procesales que se le han concedido a Marcelo D'Agostino

"No desconfío de la fiscal Valeria Bottini, pero si de su superior Alejandro Iturbide y del procurador Alejandro Gullé", aseveró este martes la abogada María Elena Quintero en referencia a la denuncia contra Marcelo D'Agostino por abuso sexual y violencia de género, entre otros delitos. La letrada dio detalles de la extensa presentación que realizó ayer su defendida y cuestionó el tenor de las preguntas que se le realizaron. "Querían que les dijera de qué exparejas eran las fotos que el denunciado le exhibía a mi clienta. Esas preguntas no las vamos a consentir porque es meterse con la intimidad de terceras personas afectadas", aseveró.

Específicamente, la denunciante asegura que fue víctima de golpes y abuso sexual con acceso carnal, pero también de hostigamiento. En este sentido, afirma que D'Agostino presumía tener influencia en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad, y le exhibía fotos de mujeres con las que habría intimado. 

En este sentido, la abogada deslizó que a lo largo de estos 10 días se han observado actuaciones llamativas por parte del Ministerio Público Fiscal, que aún no procede a imputar al acusado. "El poder ha intercedido. Lo que veo son las acciones de la causa. La fiscal está sujeta a directivas. En cualquier expediente cuando una mujer hace una denuncia de violencia de género sea o no legitimo usuario de armas se debe hacer allanamiento y secuestro de armas. Acá no hubo allanamiento. Hubo registro domiciliario y la defensa puede pedir la nulidad. No se secuestraron los dispositivos electrónicos. Es gravísimo porque uno de los ejes de la denuncia es demostrar las influencias de poder que él le decía a mi clienta que tenía", manifestó la abogada en diálogo con MDZ Radio.

Pero no se detuvo allí, a eso agregó que pidieron el secuestro de dos teléfonos celulares de forma inmediata pero que recién presentó uno tres días después de ser denunciado. "Lo presentó el lunes con tres días para borrar información", criticó y cuestionó que solo se realizó la extracción del chat que tenía con la denunciante y no el resto de las conversaciones. "¿Y el resto no es mérito de prueba en esta causa? El tráfico de influencia no es mérito de prueba para ellos", advirtió en referencia a la poca predisposición del Ministerio Público para investigar si Marcelo D'Agostino tenía vínculos que le permitían incidir sobre las actuaciones Judiciales.

Por otro lado, aseguró que "como pasa siempre que aparecen personas que ostentan tanto poder como el denunciado" se procedió a realizar "una autopsia moral de la denunciante". "Cuando renunció no dijo 'voy a probar mi inocencia'. Dijo lo que denuncia es falso y lo voy a probar. Claro, con todo el Estado haciendo trampa puede probar lo que quiera. Si no se somete a proceso como cualquier ciudadano, si no se investiga como corresponde", manifestó Quinteros en referencia a que D'Agostino aún no ha sido imputado.

Para Quinteros es evidente que la causa "no ha seguido el curso natural que debe seguir cualquier causa de género" ya que en lugar de imputarlo se le tomó una declaración informativa.  "La imputación depende del fiscal Alejandro Iturbide, será él quien deba tomar la decisión sobre qué se hace en la causa", esgrimió.

"Vamos a dar la batalla para que se sepa la verdad. El descrédito de la palabra de mi defendida se dio ayer no lo vamos a permitir. Esto expone la asimetría entre la dirigencia acostumbrada a encontrar atajos y una ciudadana que no", concluyó la abogada de la denunciante y aclaró que su defendida no quiere dinero y que lo único que desea es que exista una sanción punitiva y Marcelo D'Agostino vaya preso. "Yo creo que todas las personas deben transitar los procesos en libertad, aunque en Mendoza este señor haya sido un gran abanderado de que estén todos los presos. Pide la inconstitucionalidad de una ley que el mismo defendió. Yo no me opongo a que vaya en libertad hasta que lo condenen, porque así debería ser con todos", finalizó.