Los incalculables costos de desmantelar el Estado

El gobierno nacional, a través del ministro Federico Sturzenegger, ha emprendido un camino riesgoso: desmantelar y abandonar instituciones históricas que forman parte del entramado productivo, científico y social de Argentina. Las facultades delegadas que el Congreso otorgó a través de la Ley Bases, tenían como propósito optimizar los recursos del Estado, evitar despilfarros y mejorar su funcionamiento, pero jamás habilitaban al Poder Ejecutivo a demoler organismos fundamentales, ni a desarticular su capacidad técnica y de control, que llevó décadas construir.

¿Cuál será el costo que pagará el país a corto, mediano y largo plazo por el abandono total del Estado de sus responsabilidades, cuánto pagará el sector productivo generador de trabajo genuino, cuántas familias pondrán en riesgo sus vidas en las rutas nacionales abandonadas por esta gestión de gobierno? No es un proceso transformador para modernizar y optimizar recursos y funciones, es el desguace institucional del Estado argentino.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) ha sido garante del prestigio internacional de nuestros vinos. Sus sistemas de control aseguran la trazabilidad, el origen y la calidad de cada litro que se produce y se exporta. Sin esa verificación rigurosa, la actividad vitivinícola, que es central para provincias como Mendoza y San Juan, queda librada a la incertidumbre y hasta expuesta a fraudes que pueden arruinar mercados conquistados con esfuerzo. Existen antecedentes que no podemos tomar a la ligera.

En la década de 1980, Mendoza fue escenario de una grave crisis sanitaria y productiva a raíz de la adulteración de vino con alcohol etílico, lo que provocó muertes y puso en jaque la credibilidad de la industria vitivinícola. Esta práctica, impulsada por sectores inescrupulosos que operaban fuera de la provincia, comprometió la salud pública y afectó gravemente la imagen del vino argentino en el mercado interno y externo. Frente a esta situación, el entonces legislador nacional José Octavio Bordón impulsó la Ley de Envasado en Origen, para garantizar la trazabilidad, la calidad y la seguridad del vino. Esta normativa, que se convirtió en un hito para el sector, permitió recuperar la confianza de los consumidores y sentó las bases de un modelo vitivinícola moderno, competitivo y sustentable.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es otro ejemplo de la política oficial de desmantelamiento. Desde hace más de sesenta años, el INTA asiste al productor agropecuario con investigación aplicada, transferencia de tecnología y formación. La mejora de semillas, la eficiencia en el uso del agua y la sanidad animal han sido logros concretos que no pueden reemplazarse de un día para el otro ni delegarse a la buena voluntad del mercado.

El Instituto Nacional del Agua (INA) cumple un rol estratégico en un contexto de cambio climático, que algunos absurdamente niegan, con crecidas y sequías que afectan la seguridad hídrica de millones de argentinos. Sus estudios y pronósticos permiten planificar obras, mitigar inundaciones y gestionar cuencas. ¿Quién asumirá esa tarea si se desmantela su capacidad técnica y profesional?

Vialidad Nacional, finalmente, es responsable de construir, mantener y señalizar las rutas que recorren el octavo país más grande del mundo por su extensión. Hoy vemos corredores clave en estado de deterioro acelerado, con baches, banquinas intransitables y puentes comprometidos. La decisión del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de colocar carteles advirtiendo que la Nación es la responsable de esas rutas, es un acto de responsabilidad política que desnuda la desidia de la Casa Rosada. Ni hablar del estado calamitoso del corredor Biocéanico en la zona de alta montaña en la provincia de Mendoza. Qué sucederá en los próximos meses con las mejoras y el mantenimiento necesario de este sector tan importante de la ruta nacional N°7, que en los papeles depende de una licitación privada que ya debería estar realizada y adjudicada. Lamentablemente, es muy probable que veamos otro periodo estival más, con sectores intransitables del Paso Internacional más importante de nuestra República, poniendo en peligro la seguridad vial de miles de usuarios. 

Mencionamos estos ejemplos, pero no son los únicos organismos afectados, lo mismo sucede con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina (INTI), la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), el Instituto Nacional del Cáncer y tantos otros. Ante este proceso de deterioro institucional y de infraestructura de Argentina, corresponde al Congreso de la Nación revisar cada medida tomada, porque lo que está en juego no es la burocracia, sino el desarrollo, el trabajo y el futuro de nuestra Nación.