Los aprietes de La Cámpora al juez que ejecutará la sentencia

La ejecución de la pena contra Cristina Fernández de Kirchner que ratificó la Corte Suprema de Justicia quedará en manos del juez federal Jorge Gorini quien, durante el juicio de Vialidad denunció presiones, espionaje, ingresos ilegales al RENAPER y el robo de sus declaraciones juradas.

El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, dieron lectura la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, y otros cinco ex funcionarios relacionadas a Vialidad Nacional y Vialidad Provincial con asiento en Santa Cruz.

Los fundamentos de la condena que en noviembre de 2024 fue confirmada por la Cámara de Casación, subrayaron la "certeza" del Tribunal respecto a que "mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.

Las obras viales licitadas en suelo santacruceño fueron “sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas” a Báez, dijo el Tribunal y añadió que la conformación de su holding y el crecimiento económico del mismo, fue “exponencial” y el mismo se vio “directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.

En otros términos, los magistrados indicaron que ex funcionarios de Vialidad nacional como de la agencia provincial, “operaron al margen del interés público”, configurando, “detrás de una apariencia de licitud, una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezado a la consumación del delito”.

La maniobra defraudatoria ocasionó un daño estimado en 85.000 millones de pesos, cifra que corresponde al decomiso dictado junto con la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

A la hora de ponderar las responsabilidades penales, la mayor acusación recae sobre Cristina Kirchner. La sentencia habla sobre la “existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado propiedad de Lázaro Báez”.

Esos lazos, consideraron los jueces del TOF 2, “fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas: Cristina Kirchner y Lázaro Báez”.

La Cámara de Casación convalidó todo lo sustanciado a lo largo de casi tres años de juicio oral y público. Y contra ese criterio los abogados defensores, fueron en queja ante la Corte Suprema.

Ahora Jorge Gorini, quien se convierta en el juez de ejecución de la pena.

El magistrado fue denunciado por Cristina Kirchner, pero esos planteos fueron los menos engorrosos. El presidente del Tribunal que llevaba adelante el juicio con la vicepresidenta en ejercicio del poder, sentada en el banquillo de los acusados, denunció una serie de hechos que se convirtieron en una causa penal en Comodoro Py.

Un informe del Consejo de la Magistratura confirmó que a los tres jueces que condenaron a Cristina Kirchner en el juicio de Vialidad les revisaron sus declaraciones juradas -y se llevaron datos- sin autorización. Todo eso ocurrió mientras el debate se llevaba a cabo.

A Rodrigo Giménez Uriburu le intrusaron los sobres n° 33.898 y n° 40.143 que correspondían a presentaciones de declaraciones juradas de 2019 y 2021. Detectaron que estaban "abiertos”. En el caso de Andrés Basso estaban abiertos los sobres n° 33.921 y n° 37.352 de las presentaciones de declaraciones juradas realizadas en 2019 y 2020. A Jorge Gorini le abrieron el sobre n° 37.421 de 2020.

Después de ese robo de declaraciones juradas, el juez Gorini denunció otro sucesos: hubo 12 accesos ilegítimos a la base de datos biométricos del Renaper.

"Con la información de las declaraciones juradas y los datos biométricos te arman una falsa identidad y aparecés donde no estuviste haciendo lo que no hiciste", indicó una fuente judicial que conoce la instrucción de la causa.

A la lista de suceso bajo investigación penal, se sumó otro hecho no menor. Jorge Gorini denunció que desde una unidad básica de La Cámpora cerca de su vivienda "sacando fotos de cuando entraba el magistrado y salía, al igual que los movimientos de la familia".

En septiembre de 2022 plena etapa de alegatos en le juicio oral y público, se encontró en la puerta de la casa del juez Jorge Gorini una paquete sospechoso que fue detonado por el escuadrón especializado en explosivos. Todo determinó en una falsa alarma.

Después de la falsa bomba quienes alquilaban el local de La Cámpora, se fueron del inmueble. Los hechos no están vinculados pero en su momento el magistrado interpretó que no querían "quedar pegados a ese suceso".

En este tiempo el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, pidió por escrito a la Cámara Federal de Casación Penal que aumente la custodia de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ante pedidos en las redes sociales de ir a sus casas a "escracharlos" de parte de militantes K.

Uno de los tuis que preocuparon en tribunales es de @kike_MPD, que arrobaba a La Cámpora y exhortaba: “Hay que difundir los domicilios de estos jueces y fiscales de este pelorron [sic] de fusilamiento, si no se ataca con el mismo calibre no se puede”.

Ese mensaje se difundió después de que la propia Cristina Kirchner calificara al Tribunal de juicio como un pelotón de fusilamiento mediático-judicial".

Ante el juez Jorge Gorini volverá a estar la ex vicepresidenta si queda firme la condena que pesa sobre ella por hechos de corrupción. Será el magistrado el que determine cómo se hará efectiva la pena: los seis años de prisión, el decomiso de 85.000 millones de pesos y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.