Las excusas de un funcionario que no funciona

En Mendoza, los organismos del Estado parecen más ocupados en justificar sus errores que en gobernar bien. Uno de los casos más evidentes es el del Departamento General de Irrigación. El 30 de julio, su superintendente, Sergio Marinelli, publicó una nota titulada "El ruido de la política frente a la gestión técnica de la seguridad hídrica". Allí sostiene que el debate político "obstaculiza" la administración del agua, y que solo una conducción "técnica" puede garantizar la seguridad hídrica.

Pero el problema no es el debate político. El problema es la ausencia de gestión. En Mendoza no hay una verdadera gobernanza hídrica: no hay instituciones fuertes, no hay transparencia ni participación. Irrigación se ha transformado en un espacio cerrado, manejado arbitrariamente y con criterios partidarios.

Una reforma sin rumbo ni respaldo

El oficialismo impulsó una reforma del Código de Aguas, pero fracasó. Y no por culpa de la política, sino porque se hizo sin participación: quedaron afuera regantes, productores, municipios, especialistas y organizaciones civiles. Lo peor es que se intentó aprobar una ley sin tener antes un Plan Hídrico Provincial.

Recién después del fracaso se presentó un supuesto Plan Hídrico, sin debate previo. Otra jugada de marketing.

En ese marco, se promovió la intervención de Mekorot, la empresa estatal israelí, con cláusulas de confidencialidad que bloquearon durante mucho tiempo cualquier análisis técnico o institucional. Así no se gobierna un recurso estratégico como el agua.

Técnica para perseguir, no para gestionar

Marinelli dice que su administración se basa en evidencia técnica. Pero en los hechos, Irrigación se ha vuelto un organismo que persigue a las inspecciones de cauce que cuestionan sus decisiones. Se intervienen asociaciones sin criterios claros, como forma de disciplinamiento político. En lugar de apoyar a quienes sostienen el sistema de riego, se los margina.

Mientras tanto, en casos donde hay denuncias graves, como en el caso Currenti, la reacción del organismo ha sido lenta, ambigua o directamente ausente. Lo que queda en evidencia es un patrón: castigo a los críticos y tolerancia o "politiquería" con los aliados.

Un caso que lo resume todo es la autorización de permisos de perforación a la empresa Cresud en Agrelo, en plena crisis hídrica. A pesar de que existía una resolución vigente que prohibía habilitar nuevas perforaciones, Marinelli cedió a las presiones. No estaba obligado a aprobar nada. La Justicia solo le exigía que respondiera, porque durante años no lo había hecho. Pero eligió la peor salida: contradijo los informes técnicos del propio organismo que advertían sobre la fragilidad del acuífero y la restricción de perforar en la margen derecha del río Mendoza, en esa zona.

Eso no es gestión técnica. Eso es mala gestión, sin control ni responsabilidad.

Lo que realmente necesitamos

Mendoza necesita un nuevo acuerdo político y social en torno al agua. Un pacto basado en reglas claras, participación y control democrático. Para eso es clave:

• - Reabrir el debate por un Código de Aguas actualizado y participativo.
• - Fortalecer las inspecciones de cauce con autonomía, profesionalismo y transparencia.
• - Rediseñar el Plan Hídrico con presupuesto real, control legislativo e indicadores públicos.
• - Democratizar el funcionamiento de Irrigación y terminar con el manejo cerrado.
• - Asegurar el acceso justo y equitativo al agua como derecho humano, ambiental y productivo.

Sin gobernanza no hay seguridad hídrica. Sin participación no hay legitimidad.
Y sin gestión política seria, lo único que quedan son las excusas de los funcionarios para tapar sus malas decisiones.