La vigencia del pensamiento keynesiano en tiempos de exclusión social

El debate sobre el rol del Estado en la economía y en la vida social de la Argentina ha recobrado intensidad en los últimos meses. La propuesta de un “Estado mínimo”, impulsada desde el gobierno nacional y acompañada en distintas provincias por fuerzas políticas afines, plantea una reducción drástica del gasto público y de la intervención estatal en áreas estratégicas. Sin embargo, la experiencia histórica y la evidencia comparada muestran que este enfoque suele profundizar procesos de exclusión social y desigualdad económica, en lugar de resolverlos.

En este marco, resulta pertinente recuperar la vigencia del pensamiento de John Maynard Keynes. Su obra, desarrollada en el contexto de la Gran Depresión de 1930, advertía que los mercados no son capaces de autorregularse ni de generar condiciones de prosperidad generalizada. Por el contrario, la intervención estatal —a través de políticas de inversión pública, regulación del crédito, protección del empleo y redistribución del ingreso— constituye un componente indispensable para garantizar estabilidad macroeconómica y cohesión social.

La sociedad bonaerense expresó de manera clara su respaldo a esta concepción. En las últimas elecciones, el gobierno de Axel Kicillof fue plebiscitado en una elección intermedia con un caudal de votos que superó el 47 % y superó por casi 14 puntos a La Libertad Avanza apuntalada durante toda la campaña por el mismísimo presidente. Esa decisión electoral puede leerse como una ratificación del keynesianismo en la práctica: una mayoría social que optó por un modelo de Estado activo, frente a la promesa de ajuste perpetuo y desmantelamiento de las capacidades públicas. Buenos Aires, la provincia más populosa y desigual del país, se convirtió así en el principal contrapeso político y territorial al proyecto de Estado mínimo que hoy domina la Casa Rosada.

En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof ha reivindicado de manera explícita esta tradición teórica y la ha articulado con una praxis política orientada a sostener la inversión en infraestructura, salud y educación. Su posición parte de la premisa de que el Estado no es un obstáculo, sino un garante de derechos y un motor del desarrollo productivo. Esta perspectiva se inscribe en la idea keynesiana de que la prosperidad económica debe ser colectiva, y que la intervención pública es necesaria para compensar las asimetrías estructurales que caracterizan a economías periféricas como la argentina.

La situación contrasta con la experiencia de Mendoza, gobernada por Alfredo Cornejo, aliado del presidente Javier Milei. Allí se observa la implementación de un modelo de gestión que reduce al Estado a funciones mínimas y delega en el mercado la resolución de problemas sociales y productivos. Este enfoque, lejos de dinamizar la economía, tiende a reforzar la concentración de recursos, limitar la inclusión social y acentuar la vulnerabilidad de amplios sectores de la población.

La discusión entre ambas posiciones excede las diferencias coyunturales y se enmarca en un debate histórico sobre los fines del Estado. Mientras una tradición —de raíz keynesiana y también latinoamericana— concibe al Estado como garante de igualdad de oportunidades y como herramienta para atenuar los ciclos económicos y las desigualdades sociales, otra lo reduce a un actor residual cuya intervención debería restringirse al control monetario y a la seguridad interna.

En un contexto de creciente conflictividad social y económica, la reflexión sobre estas alternativas resulta crucial. La teoría keynesiana no solo conserva vigencia, sino que ofrece claves para interpretar los desafíos actuales: sin un Estado presente y activo, las mayorías sociales quedan expuestas a dinámicas de exclusión que erosionan tanto la cohesión social como la calidad democrática.

El autor es economista