La Pampa presentó un amparo para frenar la reforma a la Ley de Glaciares

El gobernador de La Pampa, Segio Zilliotto, presentó un amparo colectivo ante el juzgado federal de Santa Rosa para frenar la reforma de la Ley de Glaciares, que fue convertida en ley por el Congreso en la madrugada de este jueves. Zilliotto argumentó que si bien La Pampa no tiene glaciares “depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glacial”.

La acción estuvo acompañada por la Universidad Nacional de La Pampa y las ONGs Fundación Chadileuvú y Asamblea por los Ríos Pampeanos.

En este contexto, el gobernador pampeano advirtió que la ley “lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales” y explicó que es una ley que “va a afectar muchísimo” a su provincia. “Es una ley que nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente”, advirtió.

A través de la fiscalía estatal representada por Romina Schmidt y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, las autoridades explicaron que el pedido se realiza con el fin de que la ley no se aplique hasta el momento en que quede resuelta su constitucionalidad o no de la norma sancionada por el Congreso.

“Estamos planteando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que ha sancionado el Congreso de la Nación”, reforzó el mandatario provincial, quien añadió que “va mucho más allá de la representatividad que tenemos quienes hemos firmado esta acción: estamos defendiéndonos a todos y a cada uno de los pampeanos”.

Por su parte, Schmidt advirtió que “el daño que tiene la provincia de La Pampa no es un daño abstracto, es un daño real, porque en el momento en el que no llegue más agua de calidad y cantidad en el río Colorado, van a sufrirlo todos los habitantes”.

Lucha histórica de La Pampa por el agua

Desde la gobernación provincial suman que la cuestión de los ríos es fundamental para La Pampa y que lleva más de 50 años de litigio con Mendoza por el Atuel y más aún esperando que la provincia cordillerana cumpla un fallo que la obliga a garantizar un flujo mínimo, ya que la modificación de los cursos de los ríos aguas arriba afecta de forma irreversible a la población de aguas abajo, porque son fundamentales para tres cuestiones básicas como son el riego, la agricultura y la vida humana.