La (no) independencia de la Justicia

¿Quién vigilará a los vigilantes?

Juvenal

“Mendoza afronta problemas más urgentes que la autonomía municipal. La crisis vitivinícola, que afecta a miles de productores y trabajadores; una economía estancada por demoras en cuestiones vinculadas con la producción, como, por ejemplo, las largas demoras en el proyecto de potasio Río Colorado; el destino de Penitentes, el centro de esquí estatizado por el gobierno provincial y cuestiones ligadas a la calidad institucional, dada la propensión del gobernador por colocar en los órganos de control a personajes oscuros sin aptitud ni actitud para ejercer sus funciones con independencia.”

(Diario La Nación, 17 de abril de 2026)

Hace unos días, una ex magistrada de gran prestigio académico me comentó: “Alberto, es la primera vez en democracia que veo a un presidente de la Corte salir a decir por los medios que la justicia es independiente. ¿Será porque no se lo cree nadie?”. La frase incomoda, pero obliga a pensar. Porque cuando una institución necesita declarar su independencia, es probable que esa independencia esté siendo cuestionada. Durante años, la Corte de Mendoza ha tenido matices partidarios. No es un secreto ni necesariamente un escándalo: los jueces, como cualquier actor social, tienen ideas, trayectorias y pertenencias, y es normal que voten conforme a ellas. Pero una cosa es la diversidad de miradas y otra muy distinta es la dependencia estructural. Lo que hoy se discute no es ideología, sino algo más grave: la pérdida de autonomía real de los órganos encargados de controlar al poder.

El problema no se limita a la Corte. El Tribunal de Cuentas y la Oficina de Ética Pública muestran un patrón inquietante: organismos que deberían controlar aparecen integrados por personas que son o han sido activas militantes del partido gobernante. Cuando el control depende del controlado, la independencia deja de ser una garantía y pasa a ser una formalidad.

Las consecuencias se ven con claridad. La causa iniciada por la Municipalidad de Rivadavia contra la ley de coparticipación municipal lleva más de un año parada totalmente. Antes, la Corte demoró meses en correr el traslado de la demanda. San Rafael y Lavalle han iniciado hace años causas por inconstitucionalidad de la ley de tránsito provincial, que siguen atrapadas en un limbo jurídico. No son temas menores: son conflictos institucionales relevantes que permanecen congelados. Y cuando la justicia demora, decide de hecho: permite que las situaciones se consoliden sin control. A este cuadro se suman decisiones que, observadas en conjunto, resultan difíciles de explicar sin atender al contexto político. Casos como los de Oscar Sandes, Diego Gareca o Miguel Bondino —entre otros militantes radicales condenados por el Tribunal de Cuentas o la justicia— y salvados por la Corte.

Particularmente ilustrativo es el accionar del Tribunal de Cuentas en situaciones similares. En el caso Sandes, ante maniobras fraudulentas de una subordinada, se sostuvo que no correspondía responsabilizar directamente al superior. En cambio, en el caso del intendente Fernando Ubieta —con un esquema prácticamente idéntico— el criterio fue el opuesto: se imputó responsabilidad grave por falta de control y fallas sistémicas. Mismos hechos, distintas conclusiones. Cuando el derecho cambia según la persona, deja de ser derecho para convertirse en discrecionalidad.

De mayor gravedad institucional es la demanda oportunamente presentada por la Fundación Nuestra Mendoza y personalidades del ámbito jurídico y académico, contra la prórroga de la concesión a Edemsa. Como se pregunta el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Pérez Hualde: “¿Cómo es que 4 años antes de que venza una concesión de 20 años de servicio público se renueva por 20 años más? No digo que esperemos al último día, pero, ¿4 años antes?” El acuerdo transaccional, absolutamente beneficioso para la empresa, incluye una rebaja del canon que paga del 10% anual al 6%, sin que surja motivo alguno que lo justifique. En la causa, la Suprema Corte no solo rechazó la medida cautelar solicitada, sino que lleva meses sin resolver cuestiones urgentes y dejando que el injustificado paso del tiempo consolide los hechos, lo que ha llevado a los denunciante a advertir las maniobras dilatorias e incluso solicitar una Corte integrada por conjueces. Total inacción, a pesar de la gravedad del tema.

El deterioro tampoco se limita al Estado. Como ha señalado el jurista Alejandro Poquet, el Colegio de Abogados muestra signos de pérdida de autonomía, funcionando en muchos casos como plataforma hacia cargos judiciales. Cuando los contrapesos se alinean con el poder, el sistema pierde equilibrio.

Una última reflexión en términos de sinceridad o hipocresía. Fue muy categórico el gobernador Cornejo cuando dijo que los concejales que habían dado positivo en controles de alcoholemia, debían renunciar a sus cargos porque "Cuando uno es funcionario público, sea un concejal, un legislador, un ministro o un gobernador debe dar el ejemplo y lo más saludable es renunciar". La pregunta tonta sería: si el gobernador se enterara que un íntimo amigo de él, compañero desde la militancia en Franja Morada y que ocupa un alto cargo en la provincia, fuera encontrado en la misma situación que los casos mencionados, es decir, con el doble del alcohol permitido ¿el señor gobernador le exigiría la renuncia en nombre de la moral y la ética? ¿o se haría el distraído en nombre de algún curioso doble estándar? Preguntas que nos hacemos desde la única ética que conocemos, que es la de la moral republicana. De aquella que tanta gala hizo, en toda su vida, Hipólito Irigoyen.