La doble vara que maneja el Tribunal de Cuentas

Por un lado, sanciones millonarias. Por el otro, multas irrisorias. El Tribunal de Cuentas maneja un "doble estándar" que genera dudas respecto a su imparcialidad. El órgano de control que preside Néstor Parés no aplica siempre el mismo criterio a la hora de sancionar irregularidades. Son varios los ejemplos que pueden citarse, pero en este caso nos concentraremos en los cargos millonarios que se formularon en Las Heras al exintendente Daniel Orozco y su equipo, en contraposición con las multas irrisorias que se aplicaron al municipio de La Paz por irregularidades igual de graves. 

Esta situación genera sospechas sobre el uso político del Tribunal de Cuentas. El órgano encargado de controlar las cuentas públicas no puede convertirse en un mecanismo de extorsión en manos del gobernador, Alfredo Cornejo. Con la renuncia del vocal Ricardo Pettignano, tres de los cuatro vocales y el presidente habrán sido elegidos por el actual mandatario. Y todas las personas elegidas (Néstor Parés, Gustavo Riera, Liliana Muñoz y se menciona que la próxima elegida podría ser Andrea Molina) son personas de su estricta confianza que le han demostrado lealtad a lo largo de los años.

El caso de Las Heras es paradigmático. Hasta que el exintendente, Daniel Orozco, no se fue de Cambia Mendoza, el Tribunal de Cuentas venía aprobando las rendiciones casi sin observaciones. Cuando Orozco se unió a las filas de La Unión Mendocina, el órgano de control mágicamente encontró irregularidades graves y formuló cargos millonarios contra Orozco y su pareja Janina Ortiz. 

El fallo 18.198 formula cargos contra Janina Ortiz y el exsubsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart por casi 80 millones de pesos por irregularidades irregularidades en la entrega de bolsones de carne subsidiada sin que existan comprobantes de que la operación y por deficiencias en la contratación de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra para la prestación de tareas de limpieza que no se pudieron acreditar. 

La sanción es contundente. Cómo no se pudo comprobar que los servicios se prestaran, se emplazó a los dos funcionarios a devolver a las arcas del municipio casi 80 millones de pesos. 

Lo que genera sospechas no es la sanción. Si no se puede comprobar que el dinero del municipio se destinó al fin que correspondía, está bien que los funcionarios sean sancionados. Las dudas surgen cuando se observa que el criterio que aplica el Tribunal de Cuentas no es siempre el mismo. 

La Paz, un caso aparte

Para la gestión de Fernando Ubieta en el departamento de La Paz los llamados de atención del Tribunal de Cuentas parecen haberse convertido en algo de rutina. Por tercer año consecutivo el órgano de control detectó serias irregularidades administrativas en el manejo del municipio y le ha aplicado sanciones a funcionarios de la comuna por montos irrisorios pese a que el desmanejo implica fondos millonarios. Por ejemplo, se detectó que le estaban pagando presentismo a empleados que no iban a trabajar, que se abonaban servicios de transporte escolar que no se prestaban y se otorgaban subsidios a empleados municipales sin contraprestación comprobable.

El fallo 18.184 es contundente. En La Paz el manejo de 1000 subsidios fue a todas luces irregular. Según el propio Tribunal de Cuentas se evidencian “importantes fallas de control interno en el cumplimiento de las prestaciones de los beneficiarios del programa ‘Trabajar por La Paz’ y de las locaciones de servicios”. “Durante la etapa de fiscalización, del cruce realizado entre la Planta de personal del municipio y la base de subsidios se detectaron numerosos casos en los que personal de planta del Municipio recibía además subsidios económicos”, remarca el órgano de control. A eso, agrega que los desembolsos “carecen de respaldo del efectivo cumplimiento de la prestación por parte de los más de mil beneficiarios del programa ‘Trabajar por La Paz’, y evidencia el incumplimiento de las resoluciones mensuales del programa”, consta en el fallo.

El informe es lapidario y deja sentado que los descargos de los funcionarios municipales están flojos de papeles.  “De acuerdo al descargo presentado por los responsables, en ninguno de los casos se presentó cumplimiento de las prestaciones tanto por la locación de servicio, ni por el programa ‘Trabajar por La Paz’”, señala y habla de posibles incumplimiento de las prestaciones o incompatibilidad horaria. Por si fuera poco adhiere que “tampoco existe expediente social con informe del profesional correspondiente (Asistente social)” y confirma que se detectaron beneficiarios que reciben más de un subsidio.

Incluso, se deja constancia de que se exigía que funcionarios informarán sobre el cumplimiento de la contraprestación para proceder a realizar los pagos correspondientes pero, respecto a las personas que además tienen contrato de locación con la comuna, se constató que algunas facturas presentadas en descargo de la observación se encuentran sin la firma de los directores del área correspondiente.

Además de ello, se descubrió que no se estaban descontando las inasistencias a los empleados que no acudían a sus puestos de trabajo y se les liquidaba el presentismo. El Tribunal de Cuentas detectó que ese ítem era percibido por la totalidad de los empleados municipales y pidió explicaciones. “En contestación a lo observado, los responsables informan que por error involuntario del personal administrativo no se presentaron las planillas de inasistencia”, fue la respuesta obtenida.

El agravante en ese caso es que la Municipalidad de La Paz compró hace años los relojes biométricos para controlar asistencia, pero nunca los puso en funcionamiento.

Transportes escolares

Pero el descalabro administrativo detectado por el órgano de control no termina ahí. Los auditores se encontraron con una situación llamativa al observar el pago del servicio de transporte escolar. Específicamente, descubrieron que el mes de febrero se abonó completo a pesar de que las clases comenzaron a finales de ese mes. Eso llevó a desnudar otra serie de irregularidades en el control de ese servicio. 

Por ejemplo, una escuela informó 52 viajes en 12 días de febrero sin informar cuántos alumnos eran ni detallar los kilómetros del servicio. Lo mismo se observó en otro establecimiento educativo y cuando fueron consultadas las directoras explicaron que  “nunca se les ha pedido justificar fehacientemente la prestación del servicio de transporte contratado por el Municipio”. Y eso no se circunscribe solamente al mes de febrero.

Lo que más llama la atención es que a pesar del perjuicio patrimonial a las arcas municipales, el Tribunal de Cuentas solo sancionó con multas insignificantes a un puñado de funcionarios. “Respecto al perjuicio patrimonial por partida no comprobada, si bien se constata que en ambos casos, las prestaciones efectivamente acreditadas difieren de los facturado y liquidado, situación que fue reconocida por los responsables del Municipio en sus respectivos descargos, y ante las liquidaciones realizadas por los mismos responsables, en el que se demuestra que efectivamente existen diferencias a favor del Municipio en ambos establecimientos y que dichas sumas pueden ser recuperadas, se sugiere a este Tribunal, no imponer cargo en esta oportunidad”, consta en el fallo.

Otros desmanejos con multas irrisorias

En julio del año 2022 el Tribunal de Cuentas multó a funcionarios de La Paz por la falta de control en el manejo de planes sociales por alrededor de 39 millones de pesos. Además, constataron que un concejal había cobrado de más y tuvo que devolver el dinero. El fallo 17711 habla de graves irregularidades en los sistemas de control internos del subsidio Trabajar por La Paz y establece multas de 30 mil y 20 mil pesos para el contador Sergio Omar Barrientos y el tesorero Exequiel Vespa. La sanción parece leve si se tiene en cuenta que se trata del manejo de 39 millones de pesos de forma discrecional.

En este sentido, determina que el dinero se entregó a dedo sin que existan "antecedentes de prestaciones sociales anteriores, recibidas del mismo u otro órgano o institución, durante el período de un año" o al mismo tiempo un "diagnóstico social actual, breve y descriptivo, que contenga la descripción del problema principal, las necesidades básicas insatisfechas y el impacto familiar".

Un año más tarde, en mayo del 2023 a través del fallo 17.858, el Tribunal de Cuentas dispuso una multa de 60 mil pesos para el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, por irregularidades detectadas en el manejo de la obra pública. También multaron a otros cuatro funcionarios municipales con sanciones que van de los 60 mil a los 110 mil pesos. En su defensa, los responsables de la administración municipal advirtieron que algunos de los errores cometidos son producto de la "inexperiencia" mientras que por otro lado también incidió la inflación.

El Considerando II del fallo habla de inconsistencias detectadas en dos obras públicas adjudicadas a la empresa TERRA SRL. En ambos casos se marcó el mismo cuestionamiento: falta de cumplimiento de la normativa contractual que rigió la contratación con la empresa y el pago de un anticipo financiero del 30% sin que estuviera contemplado en la oferta.

"Son las primeras grandes obras que asume esta gestión; y esto es importante de destacar porque reconocemos los errores que se han cometido, pero entendemos que no es un dato menor aducir que esto ha sido producto de la inexperiencia de la gestión", contestaron desde la Municipalidad de La Paz ante las observaciones que realizó el órgano de control.

Pero además de ello, el Tribunal de Cuentas detectó que se pagaron ítems que no fueron terminados en su totalidad o, peor aún, nunca se hicieron. "Del relevamiento de la documentación, referida a la certificación y al pago de la totalidad de los ítems (100%) de obra básica y de adicionales, se verificó en obra que, no todos los trabajos fueron realmente ejecutados como refleja la certificación base de los montos liquidados”, observan desde el órgano de control. 

El argumento que esgrimieron desde la comuna para justificar la falta de documentación fue la pandemia. Básicamente, aseguraron que "el aislamiento social no permitió el contacto con los beneficiarios para solicitar documentación que el acuerdo exige como requisito".

Por todo ello el Tribunal de Cuentas decidió aplicar multa a Fernando Ubieta (intendente Municipal), Ariel Hugo Poves (secretario de Hacienda y Economía), Sergio Omar Barrientos (contador General), Sonia Lambas (directora de Obras Públicas y Privadas) y Valeria Silvia Valli (arquitecta municipal). Las sanciones son de 60 mil pesos, 90 mil pesos y hasta 110 mil pesos, además de correr vista de todo a Fiscalía de Estado.

Pero los desmanejos administrativos no se agotan allí. En marzo del 2024 a través del fallo a través del fallo Nº 18.004, el órgano contralor aplicó una multa de $ 30.000 al intendente de La Paz, Fernando Ubieta al secretario de Hacienda, Exequiel Vespa, y al secretario de Gobierno, Franco Albano Gil. Al contador general Juan Manuel Espin y al director de Compras y Suministros, Pablo Alcaráz, los multaron por $120.000. 

En ese fallo consta que, al revisar la rendición de cuentas del 2022 el Tribunal de Cuentas detectó el pago de un anticipo financiero que no estaba previsto en los pliegos licitatorios. Y además observó por un lado falencias en expedientes de contratación de una asociación de danza para la vendimia y fiestas departamentales 2022 y además deficiencias en la contratación de la construcción de cámaras frigoríficas del matadero municipal.

A todas luces, el criterio del Tribunal de Cuentas para establecer las sanciones es disímil. Lo mismo se puede observar en otros fallos que enumeran graves irregularidades en la rendición de cuentas de distintos municipios pero solo se formulan multas leves a funcionarios. A veces, incluso, de segunda línea.