Gobierno cede ante la presión universitaria y firma un acta compromiso con aumentos salarial

Luego de meses de extrema tensión, paros y una pulseada institucional sin precedentes, el sistema universitario nacional ha logrado torcerle el brazo a la estrategia de desgaste del Poder Ejecutivo. En una decisiva Reunión de Bloque, el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Anselmo Torres, confirmó oficialmente el fin de la parálisis: este miércoles a las 12 horas se firmará un Acta Compromiso de alcance histórico entre los Gremios Docentes, No docentes, la Federación Universitaria Argentina (FUA), el CIN y el Gobierno Nacional, que reconfigura por completo el escenario de la educación superior en el país.

El trasfondo de este acuerdo es la crónica de un conflicto que parecía no tener salida. Desde la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Congreso, la comunidad educativa asistió a un persistente desacato de hecho por parte del Gobierno, que congeló las partidas y licuó los salarios mediante la no aplicación de la norma. Ante esta asfixia presupuestaria, que hundió el poder adquisitivo de los docentes a mínimos históricos durante el período 2024-2025 y desató movilizaciones multitudinarias, el CIN optó por judicializar el reclamo. Esa estrategia determinó un punto de inflexión al obtener el respaldo de dos medidas cautelares clave de la Justicia Federal que acorralaron jurídicamente a la Casa Rosada.

El triunfo político más significativo del documento que se rubricará este miércoles radica precisamente en la capitulación del oficialismo respecto al orden legal. El texto ratifica de forma taxativa que la Ley de Financiamiento Universitario sigue plenamente en vigencia y no será derogada. Lejos de implicar una tregua pasiva, el CIN dejó en claro que no abandonará la demanda judicial en marcha, manteniendo la tutela de los tribunales federales como garantía de cumplimiento frente a un Ejecutivo cuya imprevisibilidad ha sido la norma.

En el plano estrictamente económico, el impacto del acuerdo es inmediato. El Gobierno otorgará una recomposición salarial en dos tramos que totaliza un veinticinco por ciento: un primer aumento del veintiuno coma tres por ciento en junio —calculado sobre la base de los sueldos de mayo— y un tres por ciento adicional para el mes de octubre, tomando como base el salario de septiembre. Esta ingeniería financiera busca saldar de forma urgente lo perdido por la inflación durante el bienio 2025-2026, e incorpora además un siete por ciento correspondiente al remanente de la devaluación del poder de compra de 2024. Los puntos pendientes de ese crítico año no se dan por cerrados, sino que serán el eje de una discusión inmediata en las mesas de negociación.

Para asegurar que este esquema no vuelva a quedar desfasado frente a la dinámica inflacionaria, el acuerdo restablece una periodicidad estricta en el diálogo sectorial. Inmediatamente después de la firma formal del acta, se convocará a la Paritaria Nacional Docente para refrendar lo pactado de manera institucional. A partir del hito de octubre, las partes quedarán obligadas a mantener reuniones paritarias fijas cada tres meses, devolviendo la previsibilidad a los trabajadores del sector. Asimismo, se logró quebrar otra de las pretensiones más polémicas del Gobierno, que intentaba correr a las organizaciones sindicales para negociar los salarios directamente con los rectores del CIN; la firma ratifica que la paritaria sigue siendo potestad exclusiva de los gremios.

La letra chica del entendimiento introduce además correcciones técnicas de alivio directo para las bases. Se modificará la Garantía Salarial Docente con el objetivo de que las subas tengan un impacto real y progresivo en los escalafones más postergados, mientras que la Garantía Salarial Nodocente tendrá un tratamiento urgente y específico en su propia paritaria gremial. Esta segmentación atiende la particularidad de un sector no docente que ha sufrido con igual dureza el impacto de la crisis.

Finalmente, el entendimiento trasciende la frontera salarial para dar una respuesta integral a la crisis operativa de las altas casas de estudio. De cara al Presupuesto 2026, el Gobierno se comprometió a incrementar un veinte por ciento los gastos de funcionamiento, un oxígeno indispensable para mantener abiertas las facultades que hoy subsisten al límite de sus capacidades. En la misma línea de asistencia social y de salud, las Becas Manuel Belgrano destinadas a los estudiantes experimentarán un incremento del cincuenta por ciento, mientras que el presupuesto asignado a la red de Hospitales Universitarios recibirá una inyección de cincuenta mil millones de pesos, blindando la atención médica y la investigación en un área civil crítica. El desenlace de este largo conflicto demuestra que la cohesión interna del bloque universitario logró forzar una salida negociada allí donde el Ejecutivo pretendía imponer la política del hecho consumado.