El Kirchnerismo hizo zafar de que investiguen al dueño del laboratorio del fentanilo contaminado

“Que quede claro, entonces, que el tratamiento del tema del fentanilo no le importa al kirchnerismo”, denunció la diputada Silvana Giudici, tras el retiro del quórum en la Cámara de Diputados para formar una comisión parlamentaria que investigue a fondo las implicancias sanitarias y políticas de las más de 70 muertes ligadas al fentanilo de uso clínico contaminado, un expediente que investiga el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

El rechazo a la propuesta de la legisladora del PRO, dejó expuesta la protección del kirchnerismo y de al menos parte del peronismo hacia Ariel García Furfaro, la cabeza visible de los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA, firmas que fueron inhibidas para producir medicamentos e insumos médicos por decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo que depende del Ministerio de Salud de la Nación, el 11 de mayo de 2025. Hasta ese momento, realizaban millonarios negocios a través de licitaciones públicas en los municipios del conurbano bonaerense y otras provincias del país, de varios colores políticos, pero sobre todo ligados a los denominados “barones del conurbano” y obras sociales sindicales.

El hecho, con escasa repercusión pública ese día, se produjo en la última sesión del 7 de agosto. Pasó inadvertido, porque esa misma jornada, la oposición le asestó un nuevo revés político al presidente Javier Milei al aprobar, con el apoyo de más de los dos tercios de los presentes, el proyecto de ley que declara la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica y que le ordena al Poder Ejecutivo aumentar los salarios del personal y de los médicos residentes del Hospital Garrahan.

El escándalo por el fentanilo contaminado ya suma al menos 76 muertes, según le confirmo a este medio el viernes Ernesto Kreplak, el juez federal de La Plata que investiga esos casos vinculados con el medicamento adulterado. La negativa del bloque kirchnerista a habilitar la comisión investigadora impulsada por Giudici, y respaldada por otros diputados de PRO, buscaba crear una cuerpo para esclarecer la cadena de responsabilidades detrás de la comercialización y uso del fentanilo adulterado, distribuido por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo.

El proyecto, presentado formalmente en la Cámara Baja, proponía indagar no sólo en las causas inmediatas de la tragedia, sino también en los vínculos políticos y empresariales que permitieron la circulación masiva de un medicamento letal en hospitales públicos y privados de varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe y CABA.

El prontuario de Ariel Garcìa Furfaro, dueño de HLB Pharma y Laboratorio Ramallo

Ariel García Furfaro, junto a sus dos hermanos, su madre y abuela, figuran entre las 24 personas sospechosas para el juez Kreplak de tener agún tipo de relación en la elaboración y venta del fentanilo mortal y que tienen una inhibición de bienes y la prohibición de salir del país.

Condenado a prisión por intento de homicidio, se graduó de abogado en el penal Melchor Romero y, al menos hasta el año pasado mantenía relaciones con dirigentes kirchneristas, sindicalistas y ex funcionarios, como la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner a quien visitaba en el Instituto Patria.

Cuando salió de la cárcel, se puso una verdulería en Flores y mágicamente de ahí, ingresó al mercado masivo de los medicamentos, pero su arribo fue turbulento y problemático. Compró la compañía que ahora está cubierta por la oscura trama del fentanilo contaminado, pero nunca completó el pago del precio convenido en el contrato.

El traspaso de manos del laboratorio HLB Pharma, investigado por la muerte de por lo menos 76 personas que recibieron dosis de ese anestésico en diferentes clínicas u hospitales, terminó con García Furfaro procesado por estafa. El proceso de transferencia se inició en 2017.

En su breve pero intenso recorrido empresarial regó de causas los tribunales de fueros penales y civiles, nacionales y provinciales.

La Justicia lo procesó porque consideró que García Furfaro promovió una profusa lista de maniobras fraudulentas para quedarse con el laboratorio del fentanilo adulterado, por menos de la mitad del valor convenido. Todo el engaño fue doloso, porque sabía que no tenía el dinero para comprar la compañía con sede en la avenida Tomkinson, de Beccar, San Isidro.

El empresario ya había anclado parte de sus negocios en la producción medicinal. Era dueño de Laboratorios Ramallo, una firma que se constituyó con aportes de ex socios de Apolo, conocida por el incidente en el que volaron sus instalaciones en el centro de Rosario. Ramallo tenía apenas 12 certificados y comercializaba fármacos de baja inserción en el mercado. Con su familia ya administraba la droguería ABC 1.

Según se constató en un proceso judicial por estafas cuyo auto de procesamiento pudo ver Clarín, el empresario ofreció U$S 1.000.000 para adquirir todas las acciones de la sociedad, pero sólo abonó U$S 400.000. Pagó con cheques de una cuenta sin fondos, postergó la liquidación de pagos estipulados en un convenio e incumplió con dos adendas en las que se convino entregar, como parte de la operación, autos de alta gama y un lote en San Isidro.

HLB Pharma pertenecía a su fundador, Hernán López Bernabó, y estaba en convocatoria de acreedores, con deudas y con operarios en conflicto. La operación fue una parte al contado y después con 11 cheques por distintos montos, de chequeras pertenecientes a la Droguería ABC1.

El vendedor cedió las acciones a cambio, también, de que se hiciera cargo de U$S 3.000.000 de deudas con acreedores y los salarios adeudados al personal. El convenio establecía la transferencia a López Bernabó de los automóviles a nombre de HLB Pharma y un terreno frente al laboratorio, ubicado en Av. Tomkinson 2054, San Isidro, cuando esos bienes ya tuvieran levantados los embargos.

Los compromisos comenzaron a incumplirse. Primero porque los cheques empezaban a “rebotar” por falta de fondos. Después, porque se asumían otros pactos que tampoco se cumplían. Y luego, porque García Furfaro dejó de contestarle las llamadas y también las cartas documento.

En marzo de 2021 -con cuatro años de dilaciones y disputas- López Bernabó llevó el caso a la Justicia penal. Lo acusó de haberlo estafado y se presentó en el Juzgado Criminal y Correccional Nacional N° 25, a cargo de Fabiana Palmaghini.

El proceso pasó por varias instancias y el acusado tuvo chances de declarar tres veces. Argumentó, entre otras cosas, que hizo la compra “prácticamente sin poder ver el laboratorio porque se hallaba tomado por sus empleados debido a la grave situación económica”.

También admitió que “propuse pagar en efectivo (la primera parte, los U$S 400.000) porque la sociedad adquirida tenía muchos embargos y deudas, y además me ahorraba de esa manera el pago del impuesto al cheque (1,2%) o ingresos brutos”.

Argumentó ante los instructores judiciales que López Bernabó intentó acusarlo de varios delitos para ver si lograba involucrarlo en alguno. Es lo que se denomina “una excursión de pesca”. Le dijo a la jueza que “intenta, sin éxito, imputarme haberlo engañado cuando se trata de una cuestión comercial que, forzadamente, está tratando de traerse al ámbito del derecho penal”.

Después de un fallo favorable en primera instancia y una revocatoria de la Cámara Penal porteña, Palmaghini volvió a citar a las partes y a reunir pruebas. En julio de 2023, dictó un fallo en el que considera “acreditado que Ariel Fernando García asumió un compromiso contractual, entre otras personas, con Hernán López Bernabó, a sabiendas de que no contaba con la capacidad financiera suficiente para hacer frente al mismo e incumplió el compromiso contractual asumido en la segunda adenda al contrato de cesión de acciones”.

La magistrada concluye que “se encuentra probado de manera sobrada que García firmó el contrato de cesión de acciones -y sus adendas-, comprometiéndose de esa manera al pago de una suma de dinero y a la entrega de bienes tanto muebles como inmuebles, conociendo de antemano que no contaba con la capacidad financiera para cumplir con ello”.

Por todo esto consideró que correspondía “ordenar el procesamiento de Ariel Fernando García sin prisión preventiva”. El proceso espera turno para el juicio oral.

Pero el nombre del empresario aparece también en otros expedientes judiciales. En el Fuero Federal de La Plata está la causa clave sobre la muerte de los 76 pacientes afectados por el fentanilo que vendió HLB Pharma. Se impulsó por iniciativa de la ANMAT a principios de mayo. Por esta causa allanaron dos veces la sede empresarial y la de Ramallo.

En la Justicia provincial de San Nicolás, en tanto, se instruye desde noviembre de 2024 una causa por “amenazas” contra un ex colaborador. Tuvieron que disponer medidas de seguridad contra el damnificado que aún se mantienen, según confirmó Clarín.

El Juzgado Penal Económico a cargo de Pablo Yaradola también investiga a los dueños de este laboratorio por una presunta maniobra de evasión en la adquisición de equipos importados para equipar la empresa.

Y la semana pasada, el juez federal Sebastián Casanello recibió en su despacho de Comodoro Py la denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación por presunta falsificación de documentos que requería la empresa para importar precursores químicos. La Justicia ordenó otro allanamiento por este expediente el jueves.