Casación rechazó recursos de Calcaterra
Los dueños de las papa Simplot, que se hacen en Mendoza, entre otras empresas, buscaban llegar a la Corte por la causa Cuadernos de las Coimas en donde admitieron dar dádivas como aportes de campaña.
La Cámara de Casación ha denegado los recursos extraordinarios mediante los cuales Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri y dueño, entre otras cosas, de las papas Simplot que se fabrican en Mendoza. El junto a otros empresarios, buscaban acceder a la Corte Suprema para ser apartados del juicio por los Cuadernos de las Coimas. A pesar de este revés, aún les queda la posibilidad de dirigirse directamente al máximo tribunal a través de un recurso de "queja", aunque las probabilidades de ser escuchados son considerablemente menores, informó el diario La Nación.
El argumento esgrimido por los implicados para eludir el proceso judicial sostiene que las sumas de dinero entregadas a exfuncionarios kirchneristas entre 2013 y 2015 no constituían sobornos, sino más bien aportes de campaña que no fueron declarados. Esta hipótesis encontró respaldo en los tribunales en junio del año pasado, cuando la Sala I de la Cámara de Casación, con los votos de Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, dictaminó que, tal como solicitaban las defensas, el caso debía trasladarse de la Justicia penal a la electoral. En esta última instancia, las posibles sanciones se limitarían a multas económicas. Sin embargo, meses después y tras múltiples críticas, esta decisión fue revocada por la misma Cámara de Casación, luego de reconsiderar argumentos que previamente habían sido pasados por alto.
Actualmente, la Sala I de la Cámara de Casación, conformada por Gustavo Hornos y dos de los jueces que anteriormente habían favorecido a Calcaterra (Petrone y Barroetaveña), ha declarado inadmisibles una serie de recursos extraordinarios presentados por las defensas de los empresarios, cerrándoles así el camino hacia la Corte Suprema.
En total, los jueces rechazaron cinco presentaciones: las que hicieron las defensas de Calcaterra, su colaborador Héctor Javier Sánchez Caballero -ex CEO de IECSA- y los empresarios Armando Loson, Jorge Balán y Hugo Dragonetti. Todos ellos serán juzgados en la megacausa de los cuadernos, que está previsto que empiece en noviembre de este año.
Barroetaveña y Petrone rechazaron los planteos con el argumento de que no había arbitrariedad en las decisiones impugnadas, ni una cuestión federal para ser analizada por la Corte. Hornos, por su parte, sostuvo que no se dirigían contra una sentencia definitiva.
En junio del año pasado, con la causa ya tramitando ante Tribunal Oral Federal 7, la Sala I de la Casación admitió el planteo que el abogado de Calcaterra, Ricardo Rosental, había presentado por primera vez ante la jueza electoral María Servini en 2022. La decisión sacó al empresario y a su colaborador del juicio oral y abrió la puerta a que otros implicados intentaran presentaciones similares.
En aquel momento, los jueces señalaron que las fechas en las que se había entregado el dinero coincidían con las campañas de las elecciones de 2013 y 2015. Argumentaron también que no estaba claro por qué la situación de Calcaterra era distinta de la de otros empresarios -Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Eurnekian y Alejandro Ivanissevich- que habían sido desvinculados durante la instrucción de la causa por el juez Julián Ercolini, luego de haber sostenido que las suyas eran contribuciones no declaradas para distintas campañas electorales y no sobornos.
En noviembre de 2024, por mayoría, la Sala I dio marcha atrás luego de que el fiscal Raúl Pleé cuestionara la decisión en un dictamen al que adhirió la Unidad de Información Financiera (UIF), que participó del proceso.
Los jueces Petrone y Barroetaveña resolvieron anular el fallo de junio. Dijeron que no había sido tenido en cuenta un argumento de la UIF que aludía a las declaraciones de los arrepentidos Ernesto Clarens y Carlos Wagner, de las cuales surgía que los empresarios hacían pagos “para beneficiarse de las licitaciones de obra pública”.
El juez Mahiques, en cambio, mantuvo su postura inicial. Dijo que la fiscalía no esgrimió una fundamentación suficiente porque no tenía “un perjuicio concreto” que justificara lo que reclamaba.
El recorrido de este planteo -desestimado ayer por la Casación- se inició en septiembre de 2022, con la presentación de Calcaterra ante la secretaría electoral del juzgado de Servini (la jueza que controla las elecciones presidenciales).
El fiscal Ramiro González y la jueza admitieron la versión de los aportes de campaña. Su postura fue duramente cuestionada por la fiscal de juicio, Fabiana León, quien consideró “curioso” el alineamiento de la jueza y del fiscal con los intereses del empresario de la construcción.
El juicio por la causa Cuadernos -originada a partir de los registros manuscritos del chofer Oscar Centeno y la investigación del diario La Nación- comenzará en noviembre de este año, según lo previsto. Se investigan presuntos pagos de coimas entre 2003 y 2015 e involucra a unos 160 exfuncionarios, empresarios, ejecutivos de empresas, testaferros, intermediarios y familiares que prestaron su nombre para operaciones sospechadas de corrupción.