Adiós al Fondo de Transformación y van a pérdida los créditos incobrables de los ex Bancos Oficiales
También buscarán arreglar los créditos judicializados y poner a producir los inmuebles inhibidos.
El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, informó esta mañana que ya se envió a la Legislatura el proyecto que propone la refuncionalización de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC). Señaló que, tras más de 30 años desde su creación, el organismo ha visto reducida su disponibilidad patrimonial debido al agotamiento de los recursos extraordinarios que le dieron origen. En ese sentido, el Ejecutivo considera que el sistema financiero privado ha alcanzado un nivel de madurez que permite al Estado reorientar su rol hacia la corrección de fallas de mercado específicas.
Fayad ambién explicó que el proyecto establece el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes Nº 6276, Nº 6523 y sus modificatorias, mediante la liquidación de los activos que integran el patrimonio del ex EFOR, actualmente bajo la órbita de la Dirección de Administración de Activos Ex Bancos Oficiales (D.A.A.B.O.).
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En este punto, se remarca la necesidad de cerrar definitivamente los procesos de liquidación derivados de la privatización de los ex bancos. Según explica el Ejecutivo, esta decisión se toma teniendo en cuenta que existen carteras de créditos con más de 30 años de antigüedad que, en su mayoría, se encuentran prescriptos o corresponden a deudores en estado de insolvencia, lo que representa un costo para el Estado.
"La idea es, por un lado, eliminar los activos que no se pueden cobrar, eliminar aquellos intentos de cobro que pueden generarnos una contingencia judicial y liberar algunas propiedades productivas que están hace 30 años congeladas, inhibidas y queremos que vuelvan a funcionar en el sistema productivo de la provincia", detalló el ministro.
En esa línea, Fayad planteó que la autorización de la baja contable en el sistema SIDICO y la cancelación de las garantías reales permitirá reinsertar a miles de deudores en el circuito económico y financiero, además de evitar eventuales demandas judiciales contra la Provincia por la falta de levantamiento de gravámenes sobre créditos ya extinguidos.